No sé si os habéis dado cuenta, pero cada vez que un sedicente gobierno democrático va a coartar una libertad o a imponernos algo, suele vender la moto de que semejante engendro es, en realidad, una conquista social o la defensa de un derecho y nosotros, ignorantes, no nos acabamos de enterar; sobra decir que tamaña villanía la perpetran independientemente de la sigla del gandul que gobierne. Veamos: si compro cualquier cacharro que contenga un disco duro -un teléfono móvil, un portátil, mp3, cámara, un cd o dvd virgen, e incluso un paquete de folios-, estoy obligado a pagar un canon por si osara utilizar tales soportes para conculcar derechos de autor. Nótese que para recaudar esa pasta gansa se invade la privacidad de los usuarios considerándolos potenciales delincuentes (¿y el derecho amparado por ley de poseer copias de seguridad para uso particular?). Esto significa, en román paladino, que se nos aplica lo que llaman en Cuba “peligrosidad pre-delictiva”, que es lo que allí se usa para ponerle las pilas no sólo a quien rechista, sino también a quien papá Gobierno cree que está pensando en hacerlo. Chachi-piruli.
Para más inri, de la administración de esos derechos de autor se encarga una entidad privada de nebulosas finanzas encabezada por unos “artistas” de marcada tendencia política. Casualmente, cada ley pergeñada sobre los supuestos derechos beneficia generosamente a los susodichos; que, casualmente también, hacen campaña por el dadivoso gobierno cuando hay elecciones. Una pregunta inocente: ¿por qué pago un canon a una entidad privada española por comprarme un cd de Mozart? ¿Defienden quizás los derechos de autor del salzburgués? ¿Les ingresan unos céntimos a los descendientes? ¿Quizás salvaguardan los derechos de los distribuidores? Repregunto: ¿qué tiene de ilegal que yo comparta, sin afán de lucro, una copia de seguridad de algo mío, particular, con quién me dé la real gana?
Dicen que la industria discográfica puede desaparecer por las copias “ilegales”. El caso es que nunca hubo tantos conciertos, ni tan llenos, gracias a la gigantesca publicidad que se hace de las obras de los “artistas” a través de la red. No se tiene en cuenta, porque no conviene a la hora de recaudar, esa promoción gratuita a creadores que jamás obtendrían una mínima cuña radiofónica en horario de baja audiencia. Leñe, cualquier mindundi tiene la posibilidad de dar a conocer sus bodrios en cualquier rincón del planeta gracias a la red, sin necesidad de ser alguien consagrado y bendecido por la industria ¿dije ya que la web es una promoción gratuita?
El quid de la cuestión es adaptarse a un nuevo medio y no subvencionar (con nuestro dinero) una industria y distribución obsoletas. Me recuerda a la época en que determinados señores ponían el grito en el cielo ante el seguro fin de la industria del cine por cierto alarde tecnológico que consideraban innecesario y perjudicial: la invención del cine sonoro. Quizás eran productores, distribuidores y representantes de actores que no sabían adaptarse al nuevo medio; algo por el estilo ocurrió cuando la televisión se convirtió en un electrodoméstico más en los hogares, también iba a acabar con la cinematografía. Por cierto, si me gusta una peli descargada, o me compro el DVD para disfrutar de los extras, o voy a una sala de cine a verla.
El quid de la cuestión es adaptarse a un nuevo medio y no subvencionar (con nuestro dinero) una industria y distribución obsoletas. Me recuerda a la época en que determinados señores ponían el grito en el cielo ante el seguro fin de la industria del cine por cierto alarde tecnológico que consideraban innecesario y perjudicial: la invención del cine sonoro. Quizás eran productores, distribuidores y representantes de actores que no sabían adaptarse al nuevo medio; algo por el estilo ocurrió cuando la televisión se convirtió en un electrodoméstico más en los hogares, también iba a acabar con la cinematografía. Por cierto, si me gusta una peli descargada, o me compro el DVD para disfrutar de los extras, o voy a una sala de cine a verla.
En el nuevo Anteproyecto de Ley de Economía Sonstenible (sic), nuestros próceres incluyen de tapadillo unas cláusulas que, involuntariamente, por supuesto, olvidaron mencionar en la presentación que hicieron a bombo y platillo ante los medios. Traducida del politiqués, la nueva ley, para defender a los “creadores”, consagra el intervencionismo del Estado en el ámbito privado, cierre de webs sin orden judicial y demás lindezas que tanto gustan en las dictaduras: la censura. Vosotros mismos, si los votáis.
Por la red circula este Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet, lo incluyo a continuación por si os interesa leerlo antes de que el funcionario de turno busque alguna excusa para cerrarme el blog.
MANIFIESTO
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
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